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Otra vez la ley de bosques nativos corre riesgo de no aprobarse antes del plazo fijado por la Nación para poder percibir los fondos compensatorios.
La Provincia había obtenido una prórroga de un mes (hasta el 28 de julio) para poder seguir debatiendo el proyecto de la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE) de la Legislatura.
La ley impide el desmonte en más de cinco millones de hectáreas del territorio provincial y fija límites en el uso de rolo y la implantación de pasturas exóticas para la ganadería. Gran parte de este territorio protegido está en el noroeste.
Justamente los legisladores oficialistas de los departamentos de esta zona son los que estarían impidiendo que el proyecto sea aprobado con los votos de Unión por Córdoba.
El delasotista Marcelo Falo, que preside la CAE, habría consensuado con la mayoría de sus miembros. Los "amotinados", que dicen representar a productores del norte, serían Ernesto Flores (Río Seco), Mario Vásquez (Ischilín), José Carreras (Tulumba), Hugo Cuello (Pocho), Graciela Manzanares (Minas), José Monier (Cruz del Eje), Walter Solusolia (Sobremonte) y Alfredo Altamirano (San Alberto), entre otros.
Falo confirmó que la CAE presentará un proyecto final el martes, un día antes de la última sesión en la que se debería aprobar para recibir los fondos nacionales estimados en 30 millones de pesos.
"Va haber cambios para clarificar algunos puntos que se discutieron en los bloques. No se va a cambiar la esencia del borrador", indicó Falo. La CAE ya había presentado un borrador a fines de junio, criticado por los productores agropecuarios.
El legislador explicó que también se va a ajustar el artículo referido a la minería para los "evitar posibles resquicios legales" señalados por Alicia Morales Lamberti, experta en derecho minero de la Universidad Nacional de Córdoba.
La semana pasada, La Voz del Interior publicó un análisis de Morales Lamberti sobre la ley en el que daba cuenta de los posibles riesgos de que la norma sea inconstitucional. Ocurre que el artículo 39º le da vía libre a la minería para que desmonte en cualquier zona, algo no previsto en la ley nacional madre y que fija un trato diferenciado para la minería respecto de otras actividades.
Ayer unas 300 ambientalistas, investigadores y campesinos agrupados en la Cotbn marcharon a la Legislatura para pedir la aprobación urgente de la norma.
"La Legislatura no está cumpliendo. No hay seguridad de que se trate antes del 28 de julio", indicó Fernando Barri, de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos. Y agregó: "Nos preocupan los cambios que se puedan hacer. Pueden ser puntos intrascendentes o desvirtuar la esencia del proyecto".
La Provincia había obtenido una prórroga de un mes (hasta el 28 de julio) para poder seguir debatiendo el proyecto de la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE) de la Legislatura.
La ley impide el desmonte en más de cinco millones de hectáreas del territorio provincial y fija límites en el uso de rolo y la implantación de pasturas exóticas para la ganadería. Gran parte de este territorio protegido está en el noroeste.
Justamente los legisladores oficialistas de los departamentos de esta zona son los que estarían impidiendo que el proyecto sea aprobado con los votos de Unión por Córdoba.
El delasotista Marcelo Falo, que preside la CAE, habría consensuado con la mayoría de sus miembros. Los "amotinados", que dicen representar a productores del norte, serían Ernesto Flores (Río Seco), Mario Vásquez (Ischilín), José Carreras (Tulumba), Hugo Cuello (Pocho), Graciela Manzanares (Minas), José Monier (Cruz del Eje), Walter Solusolia (Sobremonte) y Alfredo Altamirano (San Alberto), entre otros.
Falo confirmó que la CAE presentará un proyecto final el martes, un día antes de la última sesión en la que se debería aprobar para recibir los fondos nacionales estimados en 30 millones de pesos.
"Va haber cambios para clarificar algunos puntos que se discutieron en los bloques. No se va a cambiar la esencia del borrador", indicó Falo. La CAE ya había presentado un borrador a fines de junio, criticado por los productores agropecuarios.
El legislador explicó que también se va a ajustar el artículo referido a la minería para los "evitar posibles resquicios legales" señalados por Alicia Morales Lamberti, experta en derecho minero de la Universidad Nacional de Córdoba.
La semana pasada, La Voz del Interior publicó un análisis de Morales Lamberti sobre la ley en el que daba cuenta de los posibles riesgos de que la norma sea inconstitucional. Ocurre que el artículo 39º le da vía libre a la minería para que desmonte en cualquier zona, algo no previsto en la ley nacional madre y que fija un trato diferenciado para la minería respecto de otras actividades.
Ayer unas 300 ambientalistas, investigadores y campesinos agrupados en la Cotbn marcharon a la Legislatura para pedir la aprobación urgente de la norma.
"La Legislatura no está cumpliendo. No hay seguridad de que se trate antes del 28 de julio", indicó Fernando Barri, de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos. Y agregó: "Nos preocupan los cambios que se puedan hacer. Pueden ser puntos intrascendentes o desvirtuar la esencia del proyecto".
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